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América Latina y el Caribe es una de las regiones con menor nivel de acceso a servicios financieros tradicionales en el mundo en desarrollo, situación que se hace más patente cuando se analizan los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos de menor nivel de ingreso y los que habitan en zonas rurales. En virtud de este hecho, los hogares "excluidos" del sistema financiero tradicional se ven en la necesidad de recurrir a métodos "informales" de financiamiento, que tienden a tener elevados costos financieros, plazos muy reducidos y suelen exigir "alguna forma" de garantía para el otorgamiento de créditos. Si bien su historia es de larga data, en los últimos años la industria microfinanciera ha contribuido a cerrar la brecha en cuanto al acceso de servicios financieros en la región, y en la actualidad moviliza más de US$ 27.000 millones y atiende a cerca de 13 millones de usuarios, incrementando de esta forma el bienestar de una larga fracción de la población de la región. Pero a lo largo de su historia la industria microfinanciera ha experimentado una importante transformación, y ha dejado de ser una industria fundamentalmente operada por ONG que trabajan con aportes de donantes o de cooperativas rurales integradas por pequeños productores agrícolas, para convertirse en una industria dinámica en la que participan de manera creciente actores que pudiera pensarse que operan con criterios económicos-financieros más cercanos a los de las instituciones bancarias tradicionales.