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La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se han visto agudizados en las tres últimas décadas de la democracia mexicana porque los sistemas de control y contrapeso fueron creados como una exigencia de aspectos legales recientes, y no como una práctica que fuera propia a los grupos que detentan el poder. La opacidad y la secrecía benefician a los detentadores del capital financiero y perjudican a la mayoría de la población, según se consigna en cifras de la economía y del desarrollo social del país. Ante tal situación, este trabajo se plantea analizar que si bien existen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, éstos no han sido eficaces para atacar la corrupción. Asimismo, se propone una serie de medidas, entre las que se incluyen: una ciudadanía que exija cuentas, modificaciones a las leyes, y medidas más severas para ser cumplidas por los poderes públicos, los ayuntamientos y los órganos autónomos, reconociendo que las restricciones institucionales existentes son necesarias pero no suficientes para equilibrar la relación de desventaja de la sociedad con el Estado.