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Desde el 2002 el Estado mexicano cumplió con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, formando gradualmente una cultura de la transparencia que permitió que se abrieran casi todos los archivos de la administración federal para que la sociedad conociera su proceder en la mayoría de sus niveles de acción; ahora es indispensable que el gobierno legisle para que los medios privados de comunicación colectivos también queden obligados a funcionar bajo el espíritu de la rendición de cuentas públicas a las comunidades nacionales. De lo contrario, se aceptaría erróneamente que el fenómeno de lo público sólo es producido por los órganos del gobierno que son financiados por la sociedad y no por la participación de las empresas de comunicación comerciales privadas que hoy día dirigen con un peso determinante la dinámica de la cultura colectiva contemporánea y que también son sostenidas económicamente por los auditorios. En este sentido, aunque sean sectores privados cuentan con una enorme fuerza para estructurar y definir las líneas y dinámicas principales del espacio público colectivo, y en consecuencia, dichas empresas tienen la gran obligación social de ejercer la transparencia y la rendición de cuentas hacia el resto de la nación.