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El artículo aborda desde una perspectiva histórica la relación que se ha mantenido entre la política y la justicia en España en el marco de la separación de poderes implantado por los constitucionalismos decimonónicos. Para poder afrontar esa vinculación política-justicia se ha optado por materializar lo político y lo judicial en dos de sus expresiones institucionales, entendiendo por lo primero el Gobierno y por lo segundo la Administración de Justicia como aparato. De este breve recorrido, que abarca desde el primer constitucionalismo doceañista hasta la vigente norma constitucional, se deduce que la politicidad de la magistratura se incorporó en los albores constitucionales como un elemento básico para asentar el nuevo orden; se consagró como un aspecto sustancial de los jueces que sirvió para articular el aparato judicial, y solo en décadas muy recientes, con una verdadera democratización del constitucionalismo, se crearon instrumentos para considerarla una anomalía del sistema incompatible en esencia con una separación de poderes estructurante del orden constitucional.