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Reducir la exclusión es una meta propuesta en el marco de normativas internacionales, en las que los gobiernos y organizaciones confluyen para hacerle frente y en la que la Educación Superior a nivel mundial se encuentra trabajando. Las estadísticas con relación a los estudiantes universitarios insertados en las universidades no son muy alentadoras, en Ecuador tenemos que solo el 1,29% de la población con discapacidad según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2020), están participando de esta formación. La praxis pedagógica carece de formación en educación para la atención a estudiantes con Necesidades Educativas Específicas convirtiéndose este en un factor determinante para brindar la atención apropiada. En Ecuador el presupuesto para la educación superior ha disminuido, lo cual no permite garantizar calidad en procesos inclusivos, se debe administrar esos recursos respondiendo a las diversas aristas y engranando en ella la atención a las NEE (Deas y Bravo 2020). Considerando el camino recorrido es imperiosa la necesidad de que desde el nivel rector nacional de la educación superior de Ecuador se establezcan protocolos que regulen y fomenten la atención a la población universitaria con discapacidad, normativas que se sustenten en las políticas públicas establecidas y que se apliquen en todas las universidades.